Gobiernos y Administraciones son generadores de mucha información y son depositarios de numerosos datos. Abrirlos y ponerlos a disposición de los ciudadanos es una de las más genuinas características de un Gobierno Abierto, así como uno de sus principales objetivos.
Para ello es necesario asumir y reconocer que lo generado por las Administraciones públicas, al estar ya pagado con los impuestos de toda la sociedad, tendría que volver a ésta de manera libre y gratuita.
Afortunadamente, el conjunto de poderes públicos reconocen, cada vez en mayor grado, que los datos de que disponen no son propiedad suya, que su papel es, sobre todo, de gestores de tal información y que abrir esos datos contribuye a mejorarlos, a corregir errores, a incrementar la interoperabilidad y a generar valor añadido. Por ello, con la aplicación del principio de “datos abiertos” (open data) se busca poner a disposición de toda la sociedad los datos acumulados por los organismos públicos en el desarrollo de sus funciones, en formatos abiertos y con una licencia libre para su uso, de manera que cualquier ciudadano pueda analizarlos, reutilizarlos y redistribuirlos, incluso con fines comerciales .
Cumpliendo estas condiciones, los datos abiertos encierran un gran potencial de creación de riqueza. El Estudio PIRA del año 2000 ya cifraba en torno al 1,4% del PIB de la UE el potencial económico de reutilizar la información del sector público . En 2006, el Estudio MEPSIR, evaluó las consecuencias económicas de la reutilización de la información pública en la UE entre 26 y 47.000 millones de euros anuales . La Comunicación de la Comisión Europea Datos Abiertos. Un motor para la innovación, el crecimiento y la gobernanza transparente de diciembre de 2011 calcula que la aplicación de los principios open data pueden suponer un volumen de beneficios en torno a los 100.000 millones de euros anuales en la UE.
En España, el Informe del Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información de junio de 2011 ha estimado que esta actividad ya genera un volumen de negocio de entre 550 y 650 millones de euros . De cara al futuro, la aplicación del principio de datos abiertos supondría alentar un sector con un potencial de 2.000 millones de euros y la capacidad de crear 45.000 empleos en una década.
Pero las cifras definitivas son siempre difíciles de calcular porque no hay límite a todo lo que las personas pueden innovar si disponen de los datos adecuados y se alienta su iniciativa. Como ejemplo de ello, el gobierno local de Nueva York puso a disposición de sus ciudadanos 170 conjuntos de datos públicos de la ciudad y convocó un concurso sobre aplicaciones de los mismos dotado con 20.000 dólares. Se crearon más de cien aplicaciones que utilizaban esos datos, cuyo coste de desarrollo por la Administración hubiera supuesto más de veinte veces el valor del premio.
Los beneficios económicos puede que sean los más llamativos pero no son los únicos. Existen otro muchos, como ha apuntado recientemente Alberto Abella, de valoración más compleja pero no menos importantes, vinculados a la potencialidad de los datos abiertos como factor de competitividad y de estímulo económico general, de impulso a la libertad de información y a la transparencia o como generadores de una mayor proximidad y confianza entre los ciudadanos y los poderes públicos.
Por último, es preciso señalar que estamos ante un concepto en permanente evolución. El futuro apunta hacia un “Linked Government Data”, donde gracias a las tecnologías de la Web Semántica, los datos enlazados y el cumplimiento de los principios de la Arquitectura Web se podrán publicar conjuntos de datos relacionados a través de interfaces de consultas comunes y transparentes y sin necesidad de haber sido predefinidos, pasando así de la información legible para las máquinas a la información que puede ser relacionada por las máquinas, consiguiendo con ello un modelo de datos flexible que integraría información proveniente de distintas fuentes. Las perspectivas son, como vemos, insospechadas.
Pablo J. Krotenberg
Dirección General de Análisis y Planificación
Consejería de la Presidencia
Quisiera hacer referencia a un tema de actualidad: el recorte en educacion y sanidad. Según publica 20 minutos hoy (13/04/2012) el recorte será en Castilla y León de 700 millones de euros. Algo gravísimo que destroza dos de los pilares del estado del bienestar, aunque lo que más me cabrea es que el gobierno regional se ria de los ciudadanos tomándonos por tontos. Afirman que no se pueden llamar recortes (sino herramientas para ahorrar) y que no afectará a la calidad del sistema. Vergonzoso…
Estos recortes Arturo que comentas empezaron ya previamente con todos los latigazos a los trabajadores públicos. Y es triste porque se usa la excusa de la crisis para acabar con los servicios públicos a través de sus trabajadores y a esto tampoco lo llaman recortes.
De cara al artículo y para alentar el sector, que es el de la Tecnología de [Ingeniería] Informática y Comunicaciones digitales TIC, la JCyL debe empezarse en casa dando ejemplo y trato adecuado a los activos humanos, tratando como funcionarios y máximos garantes a los Servicios de Informática; su personal ya ha pasado las oposiciones pertinentes y está actualmente garantizando tanto la información -de nivel alto de LOPD en muchos casos- como los procesos de la misma, y luchando para que tengan el menor coste posible de cara al ciudadano y mayor rendimiento (y digo luchando por las imposiciones políticas de contratación de empresas y procesos, que ahora sólo se pueden luchar).
Así no se da buen ejemplo.