El derecho de participación en la elaboración de las disposiciones normativas

Hoy en día nadie duda de la importancia de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC) para acercar a los ciudadanos y a las empresas todos los servicios públicos que la Administración ofrece. Esto redunda de una manera indiscutible en la eficacia, eficiencia y transparencia, que son principios básicos de la actividad administrativa consagrados a nivel constitucional y legal.

La era de la información y el conocimiento que se vive actualmente ha contribuido a que los ciudadanos con acceso a Internet tengan la posibilidad de interactuar de una forma más directa con sus representantes políticos a través de las TIC y las redes sociales y a que algunos gobiernos estén implementando proyectos conocidos como Gobierno Abierto, modelo que recientemente ha puesto en marcha la Junta de Castilla y León, buscando principalmente una mayor transparencia, participación y colaboración de los ciudadanos, convirtiendo la red corporativa en un ambiente comunicativo abierto a la participación ciudadana.

La transparencia en la decisión y en la función pública es una cuestión central en la consolidación de un Estado adjetivado como democrático y de derecho por nuestra norma fundamental, sin olvidar que el mecanismo que hace efectiva la participación ciudadana es el derecho a la información.

Puede afirmarse que la información jurídica legal debe ser, por su propia naturaleza, pública y en su apropiación social reside una importante manifestación del ejercicio de los derechos fundamentales de los ciudadanos, y una garantía para el acierto y oportunidad de la disposición que se pretenda aprobar.

En este sentido, la decisión de someter el anteproyecto de ley de estímulo a la creación de empresas en Castilla y León, no sólo a una amplia información pública, sino también difundirlo a través del Gobierno Abierto, permitirá obtener una más completa visión del ámbito que se pretende regular, detectando mejor los plurales intereses y las diversas perspectivas concurrentes.

Debemos confiar en estas herramientas participativas, y en su contribución al emprendimiento de nuevas ideas creadoras que enriquezcan los textos legislativos y la toma de decisiones públicas,  para que las mismas se acerquen lo más posible a la realidad social que es su fundamento.

Luis Barbado García

Jefe de Servicio de Evaluación, Normativa y Procedimiento (Consejería de Economía y Empleo)

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