Competencias sobre archivos

La celebración de elecciones autonómicas suele traer aparejada la creación, supresión y fusión de Consejerías, la modificación de sus estructuras orgánicas y de la adscripción de competencias y funciones a cada centro directivo. Más o menos duraderos, estos cambios siempre suponen un quebradero de cabeza para los archiveros ya que uno de los instrumentos fundamentales de nuestra acción está directamente vinculado a la organización de los fondos y su pertenencia a uno u otro organismo (ese no por conocido menos arcano “principio de procedencia”).

No es nuevo el debate sobre dónde deben ubicarse las competencias sobre archivos y patrimonio documental dentro de la estructura de una Administración. Prácticamente desde que aterricé en este mundo archivístico vengo comprobando que hay dos líneas doctrinales en esta cuestión:

– Por un lado los que defienden la inclusión de las competencias en el área de Cultura, destacando el carácter patrimonial de los documentos y la función de los archivos como instituciones culturales. La justificación es el valor secundario de la documentación como fuente de investigación histórica, medio de difusión cultural e incluso objeto de interés turístico.

Simplificado, esta opción se resumiría así:

“Cierto que somos poco relevantes en la estructura y en el presupuesto, pero nos defendemos bien desde este pequeño reducto. E incluso, alguna vez, salimos en la prensa cuando un prestigioso investigador encuentra un “tesoro” entre nuestros fondos”.

– Por otro aquellos que inciden en el carácter transversal de la gestión documental y defienden que su adscripción a  áreas como Administraciones Públicas o Presidencia es lo pertinente. Un argumento utilizado frecuentemente en su favor es que vivimos un cambio de paradigma relacionado con los documentos electrónicos, cuya adecuada gestión requiere una visión de conjunto que tenga en cuenta la trazabilidad tanto de su uso como de su custodia y no pierda de vista las políticas de datos abiertos y transparencia a que se encuentran obligadas las Administraciones.

Esta otra visión podría plasmarse, también con cierta ironía, en las frases siguientes:

“No hay buen gobierno sin una adecuada gestión documental, somos importantísimos y nuestra influencia se ha de notar en todo el tejido administrativo. Incluso tendrán que contar con nosotros para las grandes decisiones, aunque sea a cambio de gestionar documentos que no somos capaces de interpretar sin intermediarios”.

Carmen Guardia (@CarmenGuardia1) ha comentado en un texto su perplejidad sobre la nueva adscripción de los archivos en el caso de la Comunidad de Madrid. De ello se hizo eco enseguida María Jesús Serrano en su blog Balduqueando.

La reciente estructura orgánica básica de la de la Junta de Extremadura ha evidenciado también un cierto olvido de las competencias sobre archivos. El patrimonio cultural se somete a la superior dirección de la Presidencia de la Junta de Extremadura y, su coordinación, a la Secretaría General de Cultura. Así lo ha indicado la Asociación de Archiveros de esta Comunidad Autónoma (@ArchiverosEx)

No voy a decantarme por ninguna de las dos escuelas. Lo único que propugno es hacer nuestro trabajo lo mejor posible con independencia de dónde se nos ubique.

En la Junta de Castilla y León las competencias en esta materia se han venido adscribiendo, sin solución de continuidad, a la consejería competente en materia de Cultura: sucesivamente consejerías de Educación y Cultura; Cultura y Bienestar social; y Cultura y Turismo. En 1986 se firmó el convenio para la gestión de los archivos de titularidad estatal, que marcó profundamente la estructura de las redes de archivos en la normativa autonómica al incorporar la gestión de los Archivos Históricos Provinciales.

Hay que indicar, sin embargo, que la creación del Archivo Central de la Administración de Castilla y León en 1986 y el posterior Reglamento de 1987 (modificado en 1989 incluyendo la documentación de las Delegaciones Territoriales) supusieron un intento de vincular el archivo intermedio de la Junta de Castilla y León al área de Presidencia, ya que se hacía depender este centro de la Consejería de Presidencia y Administración Territorial. Ello sin que se desvinculara claramente la administración archivística de la Consejería de Cultura, Esta situación de ambigüedad se mantendría hasta la aprobación de la Ley de Archivos y Patrimonio Documental de 1991.

El Reglamento del Sistema de Archivos de Castilla y León de 1996 incluyó en su ámbito de actuación todo los documentos sea cual fuera su fase de gestión y a los archivos de oficina como centros encargados de la custodia de aquellos que resultaran de uso habitual. La implicación de la Administración Archivística en las fases previas a la de archivo intermedio fue tomando protagonismo a través de la formación de usuarios y, más recientemente, de la aplicación de las normas de interoperabilidad. Siempre he destacado la labor de los archiveros en los archivos intermedios como agentes “comisionados”  para la defensa del Patrimonio Documental desde su generación con la tarea de evitar que aquello que merezca ser conservado se pierda o desaparezca, llámese Cultura o Administración Pública la Consejería de la que dependan funcionalmente.

Las competencias sobre archivos siempre son transversales, en el fondo se trata más bien de una cuestión de “peso” en el organigrama del departamento al que se hallen adscritas.

Y, como en el aforismo del poeta cubano José Lezama Lima que dio título aquella estupenda revista literaria publicada en el culturalmente efervescente Valladolid de los años 80 y 90: “…el Perugino se nos acerca silenciosamente y nos da la solución: Prepara la sopa, mientras voy a pintar un ángel más“.

La primera necesidad que tuve cuando leí el Decreto de reestructuración de consejerías de la Junta de Castilla y León fue tener de un solo vistazo una panorámica diacrónica de la distribución de las competencias. Y la mejor manera de obtenerla fue actualizar “una vez más” el cuadro evolutivo que, con varios errores, se publicó en el año 2004 en el libro El Consejo General de Castilla y León: Inventario.

Vivien_Leigh_Gone_Wind_Restored

 

Aquí lo pongo a disposición de quien pueda tener interés en estos asuntos “tan nuestros”. De nuestro “peso”, como diría la bella procrastinadora Scarlett O’Hara, ya nos ocuparemos mañana:

 

Imagen:

«Vivien Leigh Gone Wind Restored» Disponible bajo la licencia Dominio público vía Wikimedia Commons – https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vivien_Leigh_Gone_Wind_Restored.jpg#/media/File:Vivien_Leigh_Gone_Wind_Restored.jpg

 

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