Intenso Congreso de Archivos de Castilla y León

Como a los feos nos costaba mucho que las chicas se fijasen en nosotros, hemos estado siempre muy familiarizados con el concepto de transparencia. “Es que parece que soy transparente”, les decíamos a los amigos al regresar sin la ansiada consumición porque la hermosa y desdeñosa camarera no había atendido nuestras reiteradas peticiones.

Durante los días 9, 10 y 11 de mayo hemos tenido la suerte de asistir al VI Congreso de Archivos de Castilla y León que se ha celebrado en Valladolid. Organizado por la Asociación de Archiveros de Castilla y León (ACAL), se ha desarrollado en el impresionante edificio sede de los Cortes de Castilla y León bajo el título “El derecho a saber y el deber de la privacidad: el acceso a los documentos”

Hay que alabar el esfuerzo realizado por la Asociación para poner en marcha un evento de estas características en estos tiempos de tan duros recortes. De ahí que mi primer reconocimiento sea para los distintos comités que han participado en la conformación del contenido  (Comité Científico) y en el desarrollo de las actividades (Comité Local). Además en este Congreso hemos podido aprovecharnos de la labor del grupo de “Reporteros Acaleros”, que han difundido, en las redes sociales y en un blog específico el contenido de las distintas intervenciones. El “hashtag” elegido para buscar en Twitter fue #congresoacal. Esta opción ha demostrado su utilidad para el seguimiento tanto para los presentes en la sala como, sobre todo, para aquellos que no pudieron acudir a esta interesante cita.

La apertura tuvo gran relevancia política por el rango de las autoridades que asistieron. El hecho de que la propia Presidentade las Cortes presidiera el acto y además citara expresamente a los tres archiveros que realizan su labor en el Archivo merece ser destacado (y envidiado). También por parte de la Junta la titular de la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León apoyó con su presencia un área de su competencia que suele tener menor repercusión mediática. También la Administración General del Estado tuvo una alta representación, el Director General de Bellas Artes y Bienes Culturales y de Archivos y Bibliotecas del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Todas las intervenciones tuvieron algún aspecto “doctrinal”, lo cual también fue de agradecer. Por ejemplo se habló de “los contrapesos del poder”, de “canales de comunicación”, de “derechos de los ciudadanos”. El Presidente de ACAL mostró su convencimiento de que las nuevas leyes de acceso plantearán retos a las Administraciones si quieren responder a las demandas de los ciudadanos.

La ponencia inaugural corrió a cargo de Manuel Aguilar Belda, adjunto al Defensor del Pueblo. Un magnífico orador, por cierto (ya saben quienes me siguen que me preocupan tanto el contenido como la forma cuando se trata de argumentar en público). Destaco la frase lapidaria: “El poder, genéticamente, tiende a la opacidad y al secreto”. Los archivos, por tanto, como satélites del poder, tenemos aún arraigada la pulsión del secreto, inevitablemente. Varias veces se repitió a lo largo del Congreso su aseveración: “Estamos a la cola en el derecho a saber, a la altura de San Marino, Mónaco…” por supuesto se referían a la promulgación tardía de una ley de transparencia.

Aunque suene a tópico, la jornada del jueves fue “maratoniana”. Desde las nueve de la mañana hasta las nueve de la noche y contuvo muy buenas intervenciones. Una de ellas la de Carlos GarridoFalla, de la Agencia Española de Protección de Datos. Creo que fue una presencia imprescindible ya que otro de los temas recurrentes fue la necesidad o no de una entidad pública independiente del poder que garantice la transparencia. La labor de la AEPD sirvió como referencia en este caso. ARXIFORUM ha sido varias veces un medio para la discusión de diversas resoluciones de la AEPD especialmente polémicas por parte de archiveros expertos en estas materias como Lluís-Esteve Casellas i Serra , Daniel de Ocaña Lacal, Carlos Flores Valera, etc. Desde luego Garrido Falla supo estar a la altura en sus argumentaciones, aunque el asunto de fondo sea discutible. En resumen: para procedimientos abiertos la norma que regula es la Ley 30/92 y se requiere “interés legítimo”. Para procedimientos acabados, si hay datos especialmente protegidos por la ley se requiere consentimiento expreso del titular de los datos. Se destacó la importancia de la anonimización o disociación para que la información salga del ámbito de aplicación de la Ley de Protección de Datos. A preguntas de Daniel de Ocaña se refirió al mero transcurso de 50 años como suficiente a efectos de la protección de datos según la AEPD, pero “tal vez no” en caso afectar a la intimidad.

El Subdelegado del Gobierno en León, Juan Carlos Suárez Quiñones, demostró dominio de la situación e hizo gala de una voz muy bien modulada. Se centró en analizar los artículos del Código Penal en que se recogen los delitos contra la intimidad (regulación que, según demostró, es muy confusa). Dejó claro que el derecho penal siempre es posterior a la protección administrativa y civil. Concretamente diseccionó el Art. 197.2 que se refiere a la utilización inconsentida de datos en ficheros. Las penas para este tipo de delitos van de1 a 4 años. Procesalmente estos delitos exigen denuncia. Como él mismo reconoció, a los juristas les resultan especialmente fascinantes las discusiones acerca de la interpretación doctrinal de los textos legales.

El responsable de la política archivística en Castilla y León, José Ramón Alonso Peña, Director General de Políticas Culturales de la Consejería de Cultura y Turismo, buen comunicador, se mostró favorable a reforzar la cultura como elemento clave de la recuperación, siempre partiendo de una situación de mínimos que exige una verdadera “economía de guerra”. Afirmó que “toda la Administración descansa sobre los archivos”, algo que resulta esperanzador para quienes trabajamos al servicio de las Administraciones Públicas como archiveros. Fue uno de los pocos ponentes que utilizó una presentación bien trabada y se apoyó en imágenes. Hay que decir que en este aspecto la mayor parte de las presentaciones adolecieron de cierta linealidad. El redactor de “La cara B” en el blog de los “reporteros acaleros” hizo varios comentarios bastante críticos con ciertas apoyaturas hipertrofiadas textualmente. Otro aspecto, tal vez lo único criticable de la organización, fue que la pantalla no se veía bien por exceso de iluminación.

De las comunicaciones destaco el gran trabajo de Francisco Fernández Cuesta, quien se ha centrado en el estudio del acceso para su trabajo de licenciatura, germen de una (esperemos que pronta) tesis doctoral que leerá en la Universidad de Salamanca. También Anabella Barrosso Arahuetes (Archivo Diocesano de Bilbao) demostró esfuerzo de normalización que realizan los archiveros eclesiásticos, en este caso en lo tocante a acceso.

En la sesión de tarde, Blanca Desantes, de la Subdirección de los Archivos Estatales, encaró uno de los asuntos más polémicos del Congreso: el tratamiento que el Real Decreto 1708/2001 otorga, en su Capítulo IV, al acceso a la documentación. Buena parte de los antecedentes que ofreció acerca de su aprobación sirvieron para explicar lo que ella calificó de inconsistente, débil y arbitraria regulación. La afirmación más contundente: falta una correcta armonización normativa y no se aprovechó la oportunidad conseguirlo (Ley de Protección de Datos y Ley dela Memoria Histórica).  En cualquier caso, como se insistió posteriormente, sólo afecta a la Administración Generaldel Estado (ámbito municipal y autonómico en sus leyes autonómicas) y no se encabalga con la ley de transparencia, que afectará sólo la documentación en archivos de oficina y de gestión.

Daniel de Ocaña Lacal, del Tribunal Constitucional, uno de los animadores de los debates con sus ajustadas intervenciones, tituló su ponencia con la más famosa pregunta retórica de la historia de la literatura: “¿ser o no ser?”. Realmente ahí está  todo el dilema (según tradujo Moratín). Afirmó que el punto de partida es una situación “vergonzosa”. También que la intimidad no debe ser una excusa, además es un derecho de de carácter no absoluto. Se mostró contrario a los compromisos de confidencialidad, que generan usuarios con distintos derechos. No se olvidó de remarcar el error que supone el artículo 25.1 del Real Decreto 1708/2011 (yo todavía no he conseguido salir de mi asombro desde que lo leí).

La mesa redonda fue muy interesante pese a que se alargó hasta las nueve de la noche. La moderó  Antonio  González Quintana, actualmente en la Comunidad de Madrid, quien además participó en varios de los debates con ajustadas e incisivas interpelacionies. Zulima Sánchez Sánchez, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Salamanca, presentó en medio de archiveros su  punto de vista ajustado al ámbito jurídico. Eduardo Gómez-Llera García-Nava nos recordó que la Guerra Civil ha enturbiado el concepto de intimidad. La visión de la inmediatez periodística (personificada en Luís Miguel de Dios Muñoz) generó debate ya que los archiveros y juristas siempre estamos sometidos a plazos y tenemos una visión vinculada a los documentos, mientras que los periodistas buscan sólo su contenido.

El viernes se alteró el orden de los ponentes, en primer lugar Esperanza Zambrano, del Ministerio de la Presidencia, se encargó de explicar los motivos por los que España necesitaba una Ley de Transparencia. El proyecto de ley que ha sido sometido a consulta pública hace bien poco tiene dos ejes: por una lado la transparencia (obligaciones de información y acceso a los documentos con los límites legales) y por otro el buen gobierno. Las solicitudes de información serán satisfechas en el plazo de un mes y el silencio será negativo. Esta cuestión también levantó ampollas entre los expertos (en la ley de Navarra, por ejemplo, el silencio es positivo.).

Esta exposición fue muy necesaria para que Emilio Guichot Reina, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla, realizara un análisis de la parte correspondiente ala transparencia. Para él es una ley fundamental en la democracia. Habló de la influencia del movimiento 15M (del que ahora se cumple un año) en esta especie de “carrera de la transparencia” que forzó la aparición de esta palabra en todos los programas de los partidos políticos en las últimas elecciones generales. El objeto de la ley es la Administración General del Estado. Dos modalidades de ejercicio: por un lado la transparencia o publicidad activa, que valora muy positivamente, y por otro el derecho de acceso (se ha optado por un acceso a la información más que a los documentos). Uno de los grandes fallos según este jurista es que no se cree un órgano independiente de control.

En tono combativo, Manuel Sánchez de Diego, de la Coalición Pro Acceso, afirmó tajantemente que no existe un derecho de acceso en España fundamentado en el artículo 105 de la Constitución, que es un proyecto fracasado y que se debía haber optado por una Ley Orgánica.

En las comunicaciones se analizó el papel de las Comisiones Calificadoras en este proceso (Isabel González Corral), también el caso de la documentación de carácter tributario producida en el Gobierno de Navarra (Juan Carlos Balda Goldaracena -et. al.). Antonia Salvador y Estrella Gutiérrez contaron, al alimón, qué es el activismo 2.0. y cómo ha influido en la solicitud de transparencia a los gobiernos. Se trata de manifestaciones fuera de los cauces de representación.

Se presentó en el contexto del Congreso el Observatorio del acceso a documentos y archivos (impulsado por ALDEE y ACAL) una interesante propuesta de análisis y reflexión sobre estas cuestiones. Estaremos atentos.

Por la tarde se confrontaron los modelos de transparencia planteados por dos administraciones autonómicas: por un lado la Junta de Castilla y León, que ha convertido la transparencia y el gobierno abierto en una de sus líneas de actuación más difundidas. Y por otro la Navarra, que está empleando intensamente tradicionales y nuevos cauces de comunicación con los ciudadanos.  Por parte de la Junta fue Marta López de la Cuesta, Directora General de Análisis y Panificación de la Consejería de la Presidencia,  la encargada de definir qué líneas maestras marcan la política de transparencia. Son dos las iniciativas diseñadas: el Portal de Datos Abiertos (donde se ponen a disposición de los ciudadanos los datos en bruto y de forma libre para su utilización y propio beneficio económico por los ciudadanos) y el Blog (también como vía de participación). Está pendiente la definición de un modelo común de participación en las Redes Sociales, algo que inspira de forma clara la nueva Ley de Gobierno Abierto y Transparencia de Navarra, explicada por Marta Pernaut Ojer, Directora de Asuntos Jurídicos y Presidencia y por Guzmán Garmendia Pérez, Director General de Gobierno Abierto y Nuevas Tecnologías. Garmendia explicó el uso de foros participativos en asambleas donde los ciudadanos muestran por escrito sus inquietudes. La participación activa (portal) y la reactiva (peticiones) son encauzadas a través de un procedimiento ágil y sencillo, sin renunciar a ninguna de las herramientas disponibles en las redes sociales.

Este entusiasmo fue matizado en el subsiguiente debate, en el que Ricardo Rivero Ortega, profesor de Derecho, administrativista, de la Universidad de Salamanca defendió con vehemencia (no corporativa en este caso) el papel de los archiveros como pieza fundamental para la transparencia con la única frase que fue interrumpida con aplausos por el público asistente: “La transparencia se quedará en agua de borrajas si no se invierte en archivos y archiveros”. En la misma línea de defensa del trabajo de los profesionales, Carlos Travesí de Diego, Jefe del Servicio de Archivos y Bibliotecas de la Consejería de Cultura y Turismo, blandió las cifras como argumento contundente: somos pocos profesionales y muchos documentos… y, sin embargo, el servicio se continúa prestando con las máximas garantías. Ante esto, el representante del Gobierno de Navarra admitió que desconocía en parte nuestra labor.

Aunque se mantienen algunas dudas, tendremos que seguir actuando para prestar los servicios que dan sentido a nuestra profesión.

En mi opinión las TIC’s no son incompatibles con la adecuada gestión. Los archiveros tenemos que estar presentes y mostrarnos. Está claro, sin embargo, que sin el tratamiento correcto  de la documentación y garantía de su conservación, no será posible la transparencia. Una cuestión importante: ¿cabe sustraer del régimen de protección que establece la Ley de Patrimonio Histórico Español los documentos en sus fases iniciales? Estoy de acuerdo con Severiano Hernández Vicente, Subdirector de los Archivos Estatales, en que si no les fuera aplicable la ley de Patrimonio habría que “inventar” otra manera de protegerlos. El poder, como vimos al principio, tiende al secreto. También tiende al olvido de aquello que no le conviene que se sepa. De ahí que los archiveros seamos tanto o más necesarios que nunca para que ningún documento, por más incómodo que se pueda llegar a ser, tienda a “desaparecer” o a ocultarse tras una hipertrofia informacional sesgada tan sutilmente que permita apartarlo del escrutinio público.

 

 

 

Esta entrada fue publicada en Acceso, Congresos. Guarda el enlace permanente.

4 Respuestas a Intenso Congreso de Archivos de Castilla y León

  1. Alba dijo:

    Agradecer que no se cite al comité organizador y al personal contratado de ACAL, del que conozco a alguno de sus miembros, y que evidentemente no ha tenido nada que ver en la decisión de la temática, sede, logística, difusión, actas, empresas, y gestión económica (sin lo que el congreso, simplemente, no se habría celebrado). En cuanto al comité científico habría mucho que puntualizar, pero eso lo dejamos para otra ocasión, ¿te parece?

    • robquejo dijo:

      Alba,

      Acepto tu crítica. Aunque nunca exime el desconocimiento, en este caso el no haber citado a los grupos que mencionas se debe a mi ignorancia respecto a la estructura organizativa del Congreso en sí. Pensé que citando a esos dos Comités me refería al conjunto de la organización. Desde luego tanto el comité organizador como los contratados de ACAL hicieron un trabajo magnífico.

      Respecto a las puntualizaciones a las decisiones del comité científico, en todos los Congresos hay aportaciones mejores y peores, pero en este el nivel medio ha sido, desde mi modesto punto de vista, muy alto, sobre todo en las ponencias.

      Un saludo y gracias por participar.

      Jose Antonio.

  2. Daniel de Ocaña dijo:

    Buenas tardes, buscando un dato del finalizado Congreso de ACAL me encuentro con su blog y, al recorrer su crónica del mismo me encuentro con lo que, seguramente se trata de una errata pero que sorprende cuando no asusta: yo nunca he podido decir que la intimidad es un “derecho obsoleto” (de hecho, aprecio mucho la mía propia). Lo que dije en mi exposición es que, al igual que otros derechos, la intimidad “no es un derecho absoluto”. Me remito al texto de mi ponencia. Entiendo que la fonética (y más específicamente mi afonía durante las jornadas congresuales) juegan estas malas pasadas. Un saludo.

    • robquejo dijo:

      Hola, Daniel.
      Efectivamente se trata de una errata. Consulto de nuevo mis notas y la frase que tengo anotada es: “carácter no absoluto del derecho a la intimidad”. En este caso ha sido un fallo del autor del blog. Lo corrijo inmediatamente.
      Un saludo.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.